“Lecheros”
-EDITORIAL-
El Gobierno ha
dispuesto que, a partir de esta quincena, la importación de leche en polvo
deberá pagar una sobretasa de US$680 por tonelada, lo que equivale a imponer un
arancel de 21% a un producto que anteriormente no tenía aranceles. La medida,
supuestamente, ha sido tomada con la finalidad de proteger a los ganaderos
locales de los productores extranjeros, para que no se vean forzados a bajar
sus precios debido a la caída internacional que está habiendo en los mismos,
producto de la crisis.
A primera
vista, esta medida podría parecer encomiable. ¿Cuál podría ser el problema con
que le vaya mejor a nuestros compatriotas productores? Pues el problema es que
se está consiguiendo que les vaya mejor a ellos a costa de que le vaya peor al
resto del país –es decir, a todos los consumidores de leche–. Y es que, gracias
a este arancel, nuestros ganaderos ya no tendrán que bajar sus precios para
competir con la leche extranjera, que ahora llegará un 21% más cara de lo que
costaría si no existiese el arancel, y todos los consumidores de leche
tendremos que pagar ese 21% más de lo que habríamos podido gastar de otra
forma.
Esta medida ha
sido calificada de protección a “la economía nacional”. La pregunta, sin
embargo, es por qué el Gobierno cree que es más valioso para la economía
nacional que nuestro pequeño grupo de ganaderos gane (por lo menos) ese 21%
más, a que nos lo ahorremos todos los consumidores. En otras palabras, para
decirlo parafraseando al siempre genial Quino, cuando el Gobierno habla de
“economía nacional”, ¿a la “economía nacional” de quién se refiere? Todo indica
a que se refiere a la economía de un pequeño grupo de productores con un lobby
muy grande –o al menos muy efectivo–. Ciertamente, no parece estarse refiriendo
a la economía de los hogares peruanos. Eso, en fin, es lo grave del
mercantilismo: usa la ley general para beneficiar a un grupo de particulares en
detrimento de todos los demás.
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| El problema es que se está consiguiendo que les vaya mejor a ellos a costa de que le vaya peor al resto del país –es decir, a todos los consumidores de leche. (Foto: Archivo El Comercio) |
Por otra
parte, aún en el negado caso de que los productores de lácteos no fueran un
pequeño grupo, sino uno muy grande, incluso mayor al de los consumidores, ello
no volvería justo que se obligue a estos últimos a cargar con la factura cuando
–a causa de condiciones internacionales difíciles o de lo que fuese– el negocio
se les pone complicado a aquellos. ¿O es que acaso los productores nos
devolverán el favor vendiéndonos más barato cuando les toque una época de
bonanza?
Este asunto se
vuelve más grave, por lo demás, cuando nos damos cuenta de que afecta a un
producto de primera necesidad cuyos precios vienen subiendo sostenidamente
desde hace años. En 1993 la leche en polvo registraba un precio promedio de
US$1.793 por tonelada en el mercado mundial, mientras que en la actualidad
dicho precio llega a los US$4.000. Y en el Perú, solo en el último año, el
tarro de leche evaporada ha subido de S/.2,63 a S/.2,77, según reporta el INEI.
Si sumado a esto consideramos que el 25% de la leche que se consume en el país
es importada, deberíamos estar contentos de que bajen los precios
internacionales y que los hogares peruanos puedan adquirir este producto más
barato, en vez de restringirles esta posibilidad con un arancel. Y con un
arancel, dicho sea de paso, que es muy superior al logrado por otros sectores
contra su competencia extranjera: la importación de electrodomésticos, por
ejemplo, tiene un arancel de 11%.
Desgraciadamente,
parece que el Gobierno prefiere hacerle un guiño a los productores de lácteos
que servir a la enorme mayoría de peruanos. ¿Cómo se explica este tratamiento
privilegiado? ¿Pura leche?
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