Roberto Guillermo Pizarro Hofer (9 de octubre de 1944) es un economista, académico, consultor y político socialista chileno, ex ministro de Estado del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano |
jueves, 13 de diciembre de 2012
Los tiempos son difíciles para la política exterior de Chile
La política internacional de Chile se
juzga en La Haya
jueves, 13 de diciembre de 2012
La evidente incomodidad en que se
encuentra Chile frente a la demanda peruana por los límites marítimos es
exclusiva responsabilidad de una política internacional equivocada que se
arrastra desde hace ya varios años. Las lamentables declaraciones del presidente
Piñera y de los ex presidentes Frei y Lagos sobre el cuestionamiento a los
supuestos “fallos salomónicos” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de
la Haya, revelan soberbia e irresponsabilidad. Piñera sostuvo que “es muy
importante que el tribunal de La Haya actúe en base a derecho”. Lagos afirmó
que “la CIJ debe fallar conforme a derecho porque de no hacerlo se erosiona su
prestigio”. Las lecciones jurídicas de nuestros “estadistas” sobre lo que debe
hacer la CIJ no sólo revelan falta de confianza en la postura chilena, sino que
ofenden gratuitamente a jueces destacadísimos, cuya obligación es actuar
conforme a derecho.
Por otra parte, cuando Frei declara que
“Chile no puede aceptar acuerdos salomónicos”, amenazando con un posible
desconocimiento, nos conduce a la ley de la selva si el resultado en la CIJ no
es conveniente a nuestro país. La resolución de la disputa Nicaragua-Colombia
ha conducido a la desesperación, colocando a nuestro país en delicada posición
frente al orden jurídico internacional. Los líderes más destacados de Chile
equivocan el blanco: en vez de criticar a los jueces internacionales, debieran
apuntar al Presidente de Colombia por no acatar la reciente decisión de La
Haya.
La evidente incomodidad en que se
encuentra Chile frente a la demanda peruana por los límites marítimos es
exclusiva responsabilidad de una política internacional equivocada que se
arrastra desde hace ya varios años. Esa política ha colocado en un segundo
plano la integración regional y, muy especialmente, ha olvidado el tema
vecinal. Esa política ha privilegiado hasta el cansancio los negocios, y los
Tratados de Libre Comercio con el mundo desarrollado por sobre los asuntos que
tensionan las relaciones diplomáticas con nuestro vecinos. Esa política ha exacerbado
el discurso autocomplaciente del éxito económico chileno y de la apertura
indiscriminada al mundo, faltando el respeto a todos aquellos países de la
región que impulsan políticas económicas e internacionales distintas a la
chilena. Esa concepción adquiere preponderancia muy especialmente a mediados de
los años 90 y ha aislado a Chile de su entorno regional.
Sólo muy al comienzo del retorno de la
democracia, la Cancillería chilena priorizó la integración económica regional
(Acuerdos de Complementación Económica en ALADI) y al mismo tiempo favoreció
los entendimientos políticos vecinales (se destaca la solución a 24 de los 25
conflictos limítrofes con Argentina). Esto cambiaría posteriormente con la
intromisión del Ministro Foxley, desde el Ministerio de Hacienda, en asuntos
internacionales, quien impuso la política de favorecer prioritariamente un
acuerdo económico con los Estados Unidos. A partir de ese momento perdió peso
la Cancillería y se inició un camino de deterioro de las relaciones con el entorno
regional. Y no existió la capacidad para combinar con inteligencia y
pragmatismo la apertura económica al mundo con los asuntos vecinales.
El énfasis obsesivo por incorporarse al
Nafta o materializar un TLC con los Estados Unidos desplazó la prioridad latinoamericana
que había consagrado el programa de la Concertación. Los asuntos económicos,
los negocios, comienzan a predominar por sobre la política en el ámbito
internacional y el entendimiento con los Estados Unidos y con los países
desarrollados colocan en un segundo plano los temas vecinales. La tesis de
“Adiós a América Latina”, originaria de la derecha, respaldada por Foxley,
adquirió preponderancia. A partir de ese momento es esa política la que se
impone en los asuntos internacionales durante todos los gobiernos de la
Concertación. Para mayor gravedad, durante la presidencia de Bachelet, con
plena hegemonía de los gobiernos nacional-populares en la región, la
Cancillería pasa a ser dirigida por Alejandro Foxley, adversario manifiesto de
la integración latinoamericana y crítico de las nuevas políticas económicas
impulsadas por los gobiernos nacional-populares: Argentina, Ecuador, Venezuela
y Bolivia.
El aislamiento de Chile tiene hitos muy
relevantes, que lo colocan en mala posición en la región y que le restan
aliados. El apoyo del presidente Lagos al golpe de Estado contra Chávez. El
retiro de las negociaciones para incorporarse al Mercosur, optando por el TLC
con los Estados Unidos. El apoyo decidido al fracasado ALCA, proyecto
norteamericano rechazado por Brasil y Argentina. El escaso compromiso con la
CAF y el franco rechazo al Banco del Sur, favoreciendo siempre al FMI y al
Banco Mundial. El impulso al Acuerdo del Pacífico y su manifiesto
distanciamiento con gobiernos de Correa, Chávez, Kirchner y Morales.
Así las cosas, se elude o se dilata la
demanda boliviana para una salida al mar y en cambio se llega al extremo
-nuevamente los negocios- de hablar con impudicia de un trade off “mar por
gas”. Largas conversaciones y palabras de buena voluntad, que nunca apuntaron a
la salida soberana de Bolivia hacia el Pacífico. Salida soberana que, pasando
por Arica, y a cambio de compensaciones de territorio boliviano, habría
resuelto el asunto hace muchos años. Es cierto que Perú tiene que entregar una opinión
sobre un acuerdo de esta naturaleza, pero el inmenso prestigio que había
logrado Chile con la recuperación de la democracia y su reinserción política en
el mundo bien podrían haberse invertido en comprometer a otros países de la
región así como organismos internacionales, y países desarrollados, para
acumular fuerzas a favor de una solución que fuese también convincente para
Perú.
El cansancio de Bolivia ha llegado a un
límite y hoy día su protesta se hace sentir en todos los foros regionales. Las
tensiones con el gobierno Altiplánico se han multiplicado durante el gobierno
de Piñera, con un deterioro manifiesto de las relaciones vecinales. Nuevamente
una política internacional equivocada es la que impide a los gobiernos de Chile
enfrentar con fluidez y voluntad política la posición boliviana, cuya solución
habría aliviado notablemente nuestra frontera norte. Es probable que la demanda
peruana en La Haya habría resultado de escasa viabilidad con una salida al mar
de Bolivia por la ciudad de Arica o al menos estando presente de manera
efectiva en las relaciones vecinales. Ahora nos encontramos en el peor de los
mundos, porque si la CIJ le da razón a Perú, se cierran definitivamente las
puertas para una salida soberana al mar de Bolivia. Y las tensiones con Perú se
extenderán a Bolivia.
En suma, los tiempos son difíciles para
la política exterior de Chile. Por propia decisión y no por comportamientos
ajenos nuestro país se encuentra aislado de la región. Y la propia demanda
peruana se ha aprovechado de nuestras debilidades. El rechazo a la salida al
mar para Bolivia y nuestras diferencias con el resto de los países de la región
no ayudan a enfrentar en buenas condiciones la controversia con Perú. Más aún,
la inexistencia de una política de desarrollo efectivo para el extremo norte de
Chile, culpable de la creciente pobreza de Arica y de la disminución de su
población tampoco favorecen nuestra soberanía en el norte. Ello contrasta con
el potente progreso y poblamiento de las zonas limítrofes del Perú, en especial
de la ciudad de Tacna. Cuando no hay visión estratégica sobre las zonas
limítrofes y la economía se fundamenta estrictamente en criterios de mercado,
dejando de lado la responsabilidad inversionista y social del Estado, la
seguridad nacional es la que termina debilitándose. En definitiva, es preciso
asumir la responsabilidad propia en un eventual fallo doloroso para nuestro
país antes que responsabilizar a la justicia internacional. La economía y los
negocios, rasgos dominante de la política exterior chilena, le han jugado una
mala pasada a nuestro país.
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