Agendas y Equilibrios
¿Rápida
capacidad de enmienda o claustrofóbico espacio de maniobra?
Ante los ojos del
empresariado, un sector de la clase política y otro de los medios, el gobierno
retrocedió de sopetón en las tratativas para adquirir parte de los activos de
la empresa Repsol.
La presión fue fuerte y
Ollanta Humala se vio acorralado en un predicamento que redujo el debate sobre
la actual naturaleza del Estado a un pastiche chavista.
Malos recuerdos debieron jugar en su contra con el
crudo contexto vecinal que tiene a Unasur –cuya Presidencia pro-témpore ocupa
el Perú– con un complicado papel en la situación venezolana (ver más).
Pero si el gobierno daba
marchas y contramarchas con un ministro como Jorge Merino que en cuestión de
horas debió tragarse un sapo del tamaño de La Pampilla, fue la Confiep la que
actuó en un solo frente con el puño cerrado.
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| Expresidentes de Confiep Ricardo Briceño y Humberto Speziani flanquean al actual, Alfonso García-Miró. |
El martes 30 se celebró en su sede un directorio
inusual, con la presencia de un buen número de expresidentes, desde recientes
como Ricardo Briceño, Jaime Cáceres Sayán y Leopoldo Scheelje; hasta más
curtidos como Jorge Picasso, Arturo Woodman y Ricardo Vega Llona.
Una fuente que estuvo allí
asegura que fue contundente el respaldo al enérgico Alfonso García-Miró, que
advirtió del comienzo de “la Gran Transformación, la corrupción” y el cacareado
inicio del “modelo chavista” (CARETAS 2281) en caso Petroperú comprara los
activos. Además acusó al gobierno de impulsar un “Estado avasallador y
autoritario”.
Se anunció una conferencia
para ese jueves, donde los 23 gremios se manifestarían en contra de esa
intención.
Trascendió que Humala y
Nadine Heredia se reunieron con Merino ese mismo martes para comunicarle al
ministro de la palanqueada en reversa.
García Miró canceló la
conferencia luego de una llamada proveniente de Palacio al día siguiente. No
fue el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien le comunicó la
decisión, como se publicó en algún medio.
Y es que en este cuento,
Castilla ha tomado forma de efigie de santito y garante mayor del modelo. Pero
la cosa es más complicada.
Repsol sostuvo que su
directorio en Madrid aún no ha tomado una decisión en firme de vender RELAPSA.
Al igual que la refinería de Talara, La Pampilla tendrá que invertir no menos
de US$ 700 millones solo para reducir el contenido de azufre en sus
combustibles a 50 ppm. Cuando Talara arranque ese proceso, Repsol se verá entre
la espalda y el barril.
García Miró, empresario del
sector aeroportuario, ha dicho que tenía entendido que se venía un
pronunciamiento formal del gobierno –a favor o en contra de la compra– entre
jueves y viernes de la semana pasada. Por eso, sostiene, decidió pisar el
acelerador de las críticas.
El gobierno ha insistido en
que el criterio para descartar la compra fue estrictamente económico pero quedó
en el ambiente la sensación que el dirigente gremial de juvenil rostro afilado
y cabeza cana le torció el brazo.
Daniel Abugattás –ver más
sobre sus desafortunadas declaraciones sobre Torre Tagle– calificó en Canal N a
García Miró como “hipócrita, pues el Estado sí es bueno cuando nos subsidia o
me da dinero, dicen ellos, pero es malo cuando piensa en el bien general, en la
necesidad de una seguridad energética, en una posibilidad de tener presencia,
entonces eso es malo porque no es bueno para mi bolsillo, ¡no me fundan!”.
Aunque menos florido, en
similar línea opina el congresista Santiago Gastañadui en entrevista publicada
en esta edición de CARETAS.
Y el ministro de Turismo y
Comercio Exterior, José Luis Silva, se sumó el martes 7 en Frecuencia Latina
cuando prácticamente se despidió de su cartera (“el sector privado es un lugar
donde debería de estar ya hace un buen rato”) explicando que se requiere “que
empresarios salgan a dar una opinión distinta a la de algunos voceros
empresariales. Las declaraciones de García Miró fueron destempladas… el
empresariado en general no puede avalarlas”.
Silva mencionó a Alemania y
Chile como ejemplos de países con sólidas empresas estatales.
“Y nadie le dice al señor
Piñera que se volteó a la izquierda”, remató.
Próximo Round
Hecho público en la tarde del jueves 2 el comunicado
de Petroperú en el que se anunciaba que el directorio de Petroperú decidió “no
continuar participando en el referido proceso” de compra de la refinería de La
Pampilla y sus subsidiarias (RELAPSA), García Miró atemperó los términos y
declaró que “no haré ningún juicio de valor. No sabemos si representa una
marcha atrás o no. No lo vemos como un retroceso, veo que es la consecuencia del
análisis profundo del costo beneficio”.
Pero no se baja la guardia. Muy por el contrario.
En la Confiep creen detectar
un patrón que tiene su próximo capítulo en un proyecto de ley que ha pasado
desapercibido.
El 12 de marzo último el
documento fue entregado a la mesa de partes del Congreso. Lleva la firma de
tres parlamentarios considerados muy cercanos al presidente Humala: la
vicepresidenta Marisol Espinoza, el renunciado vicepresidente Omar Chehade y
Jaime Delgado.
El proyecto “promueve el
acceso a la propiedad de la tierra en los proyectos de irrigación e
hidroenergéticos de los pequeños y medianos productores agrarios organizados”.
Propone para los
beneficiarios, que no deben presentar un compromiso de inversión pero sí un
proyecto técnico de desarrollo, un plazo de 8 años de pago con dos años de
gracia para comprar terrenos de menos de 40 hectáreas.
Esta ley derogaría a las
anteriores vigentes sobre la materia.
La exposición de motivos
incluye argumentos sobre legislación de tierras eriazas, grandes irrigaciones
y, sobre todo, un alarmante estudio sobre la actual concentración de tierras en
el Perú.
Es el último factor el que
tiene especialmente alarmada a la Confiep.
Hace poco más de un año,
CARETAS dio a conocer el interés personal de Humala porque Cofide compre 8 mil
hectáreas del proyecto especial de irrigación en Olmos para luego venderlas en
lotes de entre 25 y 100 hectáreas a pequeños y medianos agricultores.
La gran mayoría de lotes
disponibles eran de entre 500 y 1,000 hectáreas, lo que deja por fuera a esa
franja.
El plazo para presentarse al
proceso manejado por el gobierno regional de Lambayeque vencía en noviembre del
2011 y Alonso Zárate, presidente de Cofide, demandó una resolución ministerial
del MEF, que no llegó, para cumplir la orden presidencial.
Según el exministro de
Agricultura, Miguel Caillaux, Humala no ocultó su enfado.
“¿Me quiere decir que hemos perdido el tren, pero
que nos han dejado un burro amarrado a un poste?”, indagó entonces el
Presidente (CARETAS 2224).
En esa ocasión, el grupo
Gloria y una de sus subsidiarias compraron 15,600 de 19,900 hectáreas
subastadas.
Dos proyectos de ley de
Virgilio Acuña (Solidaridad Nacional) y José León (Perú Posible) que limitan la
concentración de las tierras –incluso con márgenes muy generosos para los
propietarios en relación a casos internacionales– duermen desde entonces el
sueño de los justos en el Parlamento.
Consultado por CARETAS, el
congresista Delgado declaró que “el Ministerio de Agricultura tiene pendiente
la presentación de un informe” sobre la materia.
En Confiep identifican a
Milton Von Hesse, actual titular de la cartera, como opositor a cualquier
intento por revertir el fenómeno.
Este último proyecto
reactiva la intención gubernamental de abrir la cancha. O el campo.
Pero queda por verse si
tendrá alguna capacidad –y cuadros, y operadores– para sacarlo adelante. No
cualquiera puede ser el equilibrista de la carátula de la edición pasada.
Son días de posiciones
extremadas, donde a Humala le vuelven a poner el polo rojo de un lado y del
otro cada vez que sugiere un ajuste al guión.
Todos esos ojos estarán
puestos en los relevos del gabinete anunciados por el ministro Silva.
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