A lo seguro
Jueves, 18 de abril del 2013
Algo decía el fuerte cordón de seguridad que protegía al ministro del
Interior, Wilfredo Pedraza, el pasado viernes 12 en el Congreso.
El inusitado despliegue pasó un tanto inadvertido pero se entiende muy
claramente si se vuelve al argumento con el que el premier Juan Jiménez arrancó
su intervención en su interpelación sobre el deterioro de la seguridad
ciudadana.
Un fenómeno complejo pero con una punta que afiló por delante.
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Ministros Eda Rivas y Wilfredo Pedraza se retiran fuertemente resguardados
del
Congreso el viernes 12. FOTO: Oscar Medrano
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“Las evidencias son concluyentes sobre el avance del narcotráfico en el
país”, alertó de saque.
Menos de 24 horas antes, una calle miraflorina se había teñido de sangre
con violencia inusitada para la Lima que se ofrece como una capital turística.
Una señal más que inquietante que daba cuenta de las dimensiones del
alcance del negocio de la droga en el país (ver más).
Jiménez no solamente se detuvo en los indicadores de cultivo de coca –44%
de incremento entre el 2000 y el 2011– y la producción de cocaína –de 280 a 321
toneladas en el lapso que va del 2006 al 2011– sino que también tomó las astas
de un toro que desde la PCM no suele ser afrontado con tanta crudeza:
“En los casos más importantes de lavado de activos no se ha podido concluir
con alguna sentencia firme, ejemplar y definitoria. Asimismo, una inmensa
mayoría de los 613 informes de Inteligencia Financiera comunicados al
Ministerio Público en el período 2003-2012 no han tenido aún resultados
definitivos”.
Es literalmente el elefante blanco que camina en el cuarto.
Jiménez reitera el interés de su administración por descorrer el velo.
“Debo señalar que entre el 2011 y el 2012, los reportes de operaciones
sospechosas de la UIF aumentaron en 40%, lo que es producto de la nueva
legislación emitida por el gobierno que potencia el control en esta materia”
(ver nota aparte).
Vale el esfuerzo por poner el reflector sobre una economía que todavía es
un agujero negro. La banca ya se puso en cintura con procedimientos de
detección de operaciones sospechosas pero no ocurre lo mismo con rubros clave
para combatir el lavado de activos, como es el de las notarías y las casas de
cambio (CARETAS 2278).
Y los números penitenciarios revelados por el premier también ayudaban a
entender las dimensiones del problema.
Del 2006 al presente
mes, los internos en cárcel pasaron de ser 35,800 a más de 63,000.
Los presos por delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas y
delitos contra la libertad sexual –en ese orden– equivalen al 77% de la
población carcelaria.
El primer ministro destacó la política de erradicaciones con las 14,400
hectáreas recuperadas el año pasado, lo que dijo constituye un récord. Proyectó
22 mil más este año –iban 5,422 al momento de su mensaje– y subrayó el trabajo
en incautación de insumos químicos (“1931 toneladas métricas en el 2012, otro
récord nacional”).
CORRUPCIÓN Y VICTIMIZACIÓN
Es indudable que el caldero del narcotráfico contribuye al vigor de la
locomotora criminal.
Pero también que
hablamos de un monstruo con muchas otras cabezas.
La corrupción policial deja ver la suya. Jiménez cifró en 3,303 los
efectivos sancionados por infracciones graves y muy graves el año pasado. El
número fue de 3,111 en el 2011.
De todos los sancionados, 786 fueron puestos en situación de disponibilidad
y 820 retirados definitivamente de la institución.
Estas severas señales de alerta no deben hacer perder de vista algún
optimismo relativo.
El Perú reporta una de las tasas de homicidios más bajas de la región: 10
por cada 100,000 habitantes, según el último informe de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Dicho estudio revela que la tasa de homicidios ha crecido en toda la
región: de 124,075 casos en 2000 a 144,733 en 2011.
Honduras y El Salvador son los países con los índices más elevados en el
mundo: 91 y 69, respectivamente. Ello debido a la guerra entre pandillas como
la temida Mara Salvatrucha, lo que debe volver al estado de alerta por el
naciente mercado de sicarios en el país.
Venezuela es el país con mayor índice de asesinatos en Sudamérica.
Unas 16,072 personas fueron asesinadas durante el 2012 en dicho país, a
razón de 44 por día, según cifras oficiales.
Esto la coloca por encima de Colombia (37 por cada 100 mil) e incluso
México, el espejo del que Perú debe aprender (18 por cada 100 mil).
Según el INEI, el año pasado se realizaron 255,027 denuncias por algún tipo
de delito ante la Policía y el Ministerio Público, casi 50,000 más que en 2011.
Durante el gobierno de Alan García esas cifras oscilaron entre 144,205 y
181,866.
Sin embargo, el porcentaje de victimización disminuyó de 45,8% en el 2011 a
43,2% el año siguiente.
También bajó, aunque mínimamente, la percepción de inseguridad ciudadana de
87,4% a 86,7% en el mismo periodo.
Otro estudio formulado por la ONG Lima Cómo Vamos es más auspicioso y
arroja una sensación de inseguridad de 50,7% el 2012, alrededor de 20 puntos
menos que el año anterior.
Entre las muchas propuestas de Jiménez está la de recuperar propuestas del
famoso –y en buena medida ignorado– informe elaborado por el jefe de la Policía
de Nueva York, William Bratton, a partir de lo cual, dijo, “estamos
desarrollando un sistema de información que ya cuenta con el mapa delictivo en
Lima y las principales ciudades del país. Se trata de un sistema de recojo de
la información y estadística cotidiana producida por las comisarías”.
REVOLCÓN POLICIAL
Por su parte, Pedraza le aclara a CARETAS que “es evidente que la
inseguridad ciudadana ha experimentado un incremento y nunca lo hemos negado.
Ello se debe, entre otros aspectos, a la aparición en el Perú de fenómenos
nuevos como el sicariato, cuyo accionar tiene gran impacto en la sensibilidad
de la ciudadanía debido a la sangre fría con la que actúan estos criminales”.
El ministro dice que la
captura de los colombianos descrita en las siguientes páginas es la primera
cosecha de “Génesis”, el grupo a la caza de sicarios, extorsionadores y marcas
que fue anunciado hace un mes (CARETAS 2275).
“Es una metodología de trabajo policial que privilegia la inteligencia, el
análisis, el trabajo científico y el uso de las modernas herramientas de
criminalística con las que ahora cuenta la Policía, como el Sistema Integrado
de Identificación Balística (IBIS) y el Sistema Automatizado de Identificación
Dactilar (AFIS)”, explica. “La mejor prueba de esta mejora en los
procedimientos es el hecho que los colombianos fueron detenidos sin que fuera
necesario disparar un solo tiro, pues la Policía siempre estuvo un paso delante
de ellos gracias a un meticuloso seguimiento”.
Pedraza añade que el giro en la metodología incluye la recuperación “para
la Dirincri de 450 efectivos con gran experiencia en investigación criminal y
que estaban desperdigados en diversas áreas de la Policía, incluso en Tránsito.
Adicionalmente, le hemos destinado 50 nuevos alféreces y 200 suboficiales de
tercera que conformarán sus nuevos cuadros. Este personal iniciará y culminará
su carrera en la investigación criminal”.
Además de la reforma de la Dirincri, con nueva sede institucional, “se
retirará a los policías de investigación criminal que están en las comisarías,
quienes pasarán a fortalecer las Divisiones de Investigaciones que tendrán
competencia en varios distritos. Como lo hemos dicho, tendremos “pequeñas
Dirincris” bajo el mando único de la Dirincri con el fin de consolidar a esta
como una unidad sistémica y concentrar las acciones de la lucha contra la
criminalidad y no desperdigar hombres, recursos, esfuerzos y especialidad”.
En el frente de la prevención, “el otro gran aspecto de la seguridad
ciudadana”, el ministro señala que se encuentran ampliando, remodelando y
equipando 300 comisarías en todo el país.
“Aunque parezca increíble en el Perú, nuestra Policía no cuenta con un
sistema de comunicación”, exclama. “Los policías usan sus teléfonos personales
para comunicarse. Esta situación cambiará radicalmente dentro de muy pocas
semanas cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema troncalizado, central
105 y de videovigilancia, que será el más moderno de la región”.
Adicionalmente, se ha reducido “drásticamente” el porcentaje del personal
policial dedicado a labores administrativas y en ningún caso podrá exceder el
8% de cada unidad.
Pedraza calcula que al final del gobierno tendrán 30 mil policías más.
Jiménez y el gabinete salieron airosos en esta primera función de la
temporada de interpelaciones. Ahora el calendario corre por resultados.
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