¿Se paralizarán o no las inversiones en caso Susana
Villarán pierda su cargo?
Carlos Vargas, representante de Geneva
Group International, y Hugo Sarria, abogado asociado al estudio Muñiz opinan
sobre la revocatoria y el
futuro de Lima
Carlos Vargas: “¿Creen que ellos seguirán la
reforma?”
Representante
de Geneva Group International
Para
hablar solo de inversión, habría que decir que con este proceso de revocatoria
contra Susana Villarán Lima pone en juego proyectos de capital público y
privado por hasta S/.1,700 millones, que podrían paralizarse si la alcaldesa
pierde su cargo. Es muy difícil desligar cualquier análisis técnico de este
tipo de la política, y yo percibo que existen mafias detrás del proceso: ¿qué
ofrecen a cambio de la revocatoria? Es bueno preguntarlo, porque de obras no
proponen mucho. Solo critican las de Villarán.
Primero,
toquemos el tema del proceso. Coincido con el regidor Pablo Secada cuando
afirma que una consulta popular como esta, seguida de la elección de un nuevo
alcalde, demandarán un gasto cercano a los S/.500 millones. Desde cualquier
perspectiva este hecho demuestra lo absurdo del propósito de quienes están
detrás del SÍ, que además no parecen estar muy al tanto de la lógica del
costo–beneficio, porque ¿cómo plantean una revocatoria para, supuestamente,
mejorar la utilización de los recursos de la municipalidad, cuando su “solución”
es gastar casi S/.500 millones en un proceso que busca sacar a una alcaldesa
que administra un presupuesto anual de S/.300 millones? O sea, nos harán gastar
casi el doble de lo que administra Susana Villarán, para defenestrarla.
¿Cuál es el ahorro?
Ahora, respecto de la reforma del transporte, es
cierto que existe una ordenanza que garantizará que se hará buena parte así no
permanezca la alcaldesa Villarán en el cargo. Bien, pero ojo que hay algunas
reformas que aún no se han votado en el consejo, como los proyectos de
reordenamiento de las rutas de transporte público, las concesiones de las rutas
alimentadoras o las de los corredores complementarios. Si estas licitaciones no
se otorgan hasta el 16 de marzo, un día antes de la revocatoria, le dejarán la
decisión al consejo que vendrá...
Que podría
no hacerlas porque, naturalmente, no se querrán pelear con los transportistas
informales como sí se ha peleado la alcaldesa. Ya lo ha dicho Secada: esta
reforma que está en marcha es una revolución, es lo más importante que se ha
hecho en Lima en cuatro décadas precisamente porque nadie quiere comerse el
pleito: ¿de verdad creen que los revocadores la continuarán?
En cuanto
a las obras de infraestructura –a las que corresponden el grueso de los
S/.1,700 millones en juego– hay también algunas que aún no han sido aprobadas
por el consejo actual, como la extensión de la Vía Expresa Javier Prado. Un
nuevo consejo poco puede hacer respecto a los contratos ya firmados, es verdad,
pero sí tiene toda la potestad para no firmar nada más.
Hugo Sarria: “A nadie le conviene ir contra las
obras”
Abogado asociado al estudio Muñiz
Este es un análisis técnico que no pretende emitir
juicio alguno sobre si la revocación es justa o no. Esa es una cuestión que le
corresponde resolver a cada elector cuando vote. Creo, sí, que para saber si
una revocación de la alcaldesa Susana Villarán paralizaría los proyectos e
inversiones que promueve su gestión hay que estudiar el tema a partir de tres
ejes principales: la reforma del transporte, las obras de infraestructura y el
clima de inversión que ha ganado Lima en los últimos años.
Primero, la reforma del transporte. Quisiera
recordar lo que ha dicho sobre este aspecto el propio gerente de la
Municipalidad de Lima, José Miguel Castro. Él comentó que el esquema de
estabilidad jurídica de la ciudad garantiza que, aun si se revoca a la
alcaldesa, esta reforma camine. Y esto es verdad por una sencilla razón: la
reforma ya fue aprobada por la Ordenanza Municipal 1599, que –es bueno
recordarlo– fue votada por unanimidad en el Concejo Metropolitano. En los dos
escenarios posibles posrevocación de Villarán la reforma se mantendría: tanto
si solo ella deja de ser alcaldesa como si pierden su cargo ella y los 38
regidores de la municipalidad. En el primer caso, asumiría la alcaldía Eduardo
Zegarra, quien pertenece a Fuerza Social. Eduardo seguiría con el plan. Y si se
van todos, dudo que los accesitarios contradigan lo que decidieron sus
predecesores, sean del partido que sean.
Luego
están las obras de infraestructura. Tenemos a Vía Parque Rímac, que implica una
inversión de US$1.000 millones. Y también los proyectos Nuevas Vías de Lima
(Odebrecht), y Vía Expresa Sur (Graña y Montero), entre otros. Aquí hay de por
medio contratos de concesión ya firmados o buena pro ya otorgadas, lo que
significa que si otro Concejo Metropolitano quisiera anularlos tendrá que
recurrir a mecanismos de solución de controversias, como los arbitrajes, en los
que deberá presentar motivos para la nulidad, motivos que deberán estar
contenidos en los contratos. Incluso si esto se cumpliese, habría que pagar
indemnizaciones millonarias. ¿Cuánto se tendría que pagar para indemnizar a una
empresa que apostará US$1.000 millones por Vía Parque Rímac? Ahora, claro, en
algunas de estas obras las empresas tendrán que presentar expedientes técnicos
solicitando la modificación de la zonificación urbana donde desarrollarán sus
proyectos, y si un nuevo concejo no acelera estos cambios, sí podría haber
demoras.
Finalmente,
está el clima de inversión, el grado de inversión BBB que le puso a Lima la
calificadora Fitch & Ratings. Esto sirve porque le permite a la
municipalidad emitir bonos para financiar parte de sus obras, es un plan que
viene de hace años y es el único camino para hacer obras. Es decir que a nadie
le conviene ir contra eso.
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