SUPREMA
INJUSTICIA
EDITORIAL EL COMERCIO
LA SENTENCIA DE BARRIOS ALTOS ES
UN ATROPELLO A LA DECENCIA Y A LA LEY
La semana pasada, gracias al reciente y escandaloso fallo que dictó la
Sala Penal Permanente en el caso de la masacre de Barrios Altos, los peruanos
comprobamos algo lamentable e indignante: muy pobre honor le hace la Corte
Suprema de Justicia a su nombre.
El 20 de julio el tribunal presidido por el juez Villa Stein, mediante
un despropósito disfrazado de una sentencia de 404 páginas, decidió reducir las
condenas de Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Nicolás Hermoza Ríos,
Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe y demás oficiales y suboficiales que
integraron el comando de aniquilamiento tristemente recordado como grupo
Colina. Y, como quien a las patadas suma golpes, anuló la condena impuesta por
la Sala Penal Especial Anticorrupción al coronel Alberto Pinto Cárdenas, jefe
del Servicio de Inteligencia del Ejército en 1992, por complicidad en la desaparición
de nueve campesinos y del periodista Pedro Yauri.
El principal escándalo de la resolución es que la sala de la Corte
Suprema condena a los acusados, varios de los más infames asesinos de nuestras
últimas décadas, por el delito de homicidio calificado pero, por alguna
inexplicable razón, cree que por esta masacre no merecían la pena máxima de 25
años de cárcel. Lo único que explicaría que estos magistrados no hayan
advertido que por la magnitud del crimen este merece la mayor sanción posible, sería
que no hubiesen prestado suficiente atención a los hechos del caso. Por eso, se
los recordamos.
El 3 de noviembre de 1991 a las 10:30 de la noche, una banda
paramilitar de asesinos en pasamontañas, organizada por el mismo gobierno,
irrumpió en el primer piso de jirón Huanta No. 840, donde alrededor de 20
personas realizaban una pollada. Luego de amenazarlas, golpearlas e
insultarlas, los encapuchados las forzaron a tenderse boca abajo en el suelo y,
sin discriminar, les dispararon una y otra vez, fría y cobardemente, en la
espalda y la cabeza. De las ráfagas de sus armas con silenciadores salieron 130
balas que hirieron gravemente a cuatro personas y le arrebataron la vida a 15
más, entre ellas Javier, un niño de 8 años, y su padre Manuel.
Es difícil imaginar un tipo de asesinato más grave que el de un grupo
de civiles, incluyendo a un menor, cometido a sangre fría por parte de un
pelotón estatal de ejecuciones extrajudiciales. Si esta clase de homicidio no
merece la pena máxima de 25 años, ¿cuál sí la merecería?
El juez Villa Stein ha salido a defender la reducción de la pena
utilizando un argumento aparentemente sencillo. Su sala absolvió a los acusados
de uno de los delitos por los que los condenó la instancia previa, el de
asociación ilícita para delinquir, y para Villa Stein la consecuencia parecería
ser simple: como su corte los encontró culpables de menos delitos que la
anterior, lo lógico fue reducir la pena.
Más allá de si se debió condenar a los acusados por el delito de
asociación ilícita para delinquir, los jueces parecen olvidar un detalle que
sabe cualquier estudiante de Derecho: de acuerdo con la ley aplicable al Caso
Barrios Altos, si los criminales cometían varios delitos a la vez, el juez
debía imponer solo la pena del delito más grave. Por ello, la condena de 25
años que la instancia previa impuso solo se refería al delito de homicidio
calificado y no al de asociación ilícita para delinquir. No se trataba de una
suma de penas y, por tanto, al absolver a los acusados de este último crimen, no
había una pena que restar. El argumento de la corte para justificar condenas
menores, entonces, no tiene sustento.
Los indignantes errores del fallo no terminan ahí. Aspectos como la
absolución del coronel Alberto Pinto Cárdenas y la equivocada calificación de
estos actos como delitos que no son de lesa humanidad serán materia de otro
editorial. Pero basta advertir el error reseñado para que nos horrorice vivir
en un país en el que una sala de la Corte Suprema decide actuar con tal descaro
e indecencia. En este Diario, por lo menos, no olvidaremos que sus jueces
decidieron ponerle punto final a una de las matanzas más escabrosas del régimen
del fujimontesinismo con una nueva masacre: la de la justicia.
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